Ediles opositores advierten que no se controla la venta regulada de chips para celulares

Hace un año el Concejo prohibió que se vendan en kioscos. En 2014 se exigió que el cliente muestre su DNI, pero el Ejecutivo no fiscaliza

La oposición en el Concejo advirtió que a un año de haberse regulado la venta de chips para celulares en la ciudad el municipio no controla la venta ilegal. “La norma está vigente pero no se ejecuta y de esta forma no se desalienta el uso de esas líneas para secuestros virtuales y llamadas intimidatorias a escuelas”, remarcó el concejal del PRO, Alejandro Rosselló, autor de una de las ordenanzas sobre la temática. El edil hizo este planteo tras el proyecto de ley que presentó en la misma línea el Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, para que se regule la adquisición de chips en toda la provincia y se apunte a disuadir la comisión de delitos con celulares.

En diálogo con LaCapital, Roselló recordó que la iniciativa fue aprobada “por unanimidad” el 1º de septiembre de 2016. “Fue en el marco de la emergencia en seguridad que se sancionó junto a un paquete de medidas para adoptar a escala local contra la inseguridad”, agregó.

El proyecto de Rosselló complementó una norma que había sancionado el cuerpo en abril de 2014 a instancias de una propuesta del edil Diego Giuliano.

Aquella ordenanza planteó la obligatoriedad de exigirle al cliente interesado en comprar un chip para un celular su correspondiente DNI. Y estableció, para aquellas empresas autorizadas por la ley nacional de telecomunicaciones que se dediquen a la venta de los denominados chips, a llevar a cabo un registro en donde se consignen todas las operaciones realizadas y así también poder identificar a quienes adquieren las distintas tarjetas.

El año pasado, los ediles sancionaron la idea de Rosselló, que dio un paso más y prohibió la venta de chips para celulares en todos los kioscos y los almacenes de Rosario.

En los considerandos del proyecto se mencionaba que la propuesta apuntaba a “generar un mecanismo de control ante su venta indiscriminada y así evitar hechos delictivos en el constante cambio de líneas”.

La norma estableció sanciones para los comercios infractores que van desde mil a cinco mil pesos o la clausura de 30 a 90 días del establecimiento, además de ordenarse el retiro de la mercadería en cuestión a quienes sin ser agentes oficiales de una empresa de telefonía móvil, comercialicen tarjetas SIM prepagas.

Sin sanciones

A más de un año de la sanción de la regulación y ante el planteo que hizo Baclini a la Legislatura, Roselló alertó que la norma “no se está cumpliendo. El Ejecutivo no está haciendo los controles y no tenemos información de sanciones contra los infractores”.

El edil macrista dijo no tener dudas “que se siguen vendiendo sin ningún tipo de restricciones los chips en lugares que no están permitidos como los kioscos, maxikioscos y hasta puestos de diarios sin ningún tipo de registros de quien lo adquiere”.

Para Rosselló, “lo que se buscó con las dos ordenanzas que aprobó el Concejo fue generar un mecanismo de control ante la venta indiscriminada de chips de telefonía, ya que esta situación permite que se realicen distintos hechos delictivos con un constante cambio de líneas”.

El concejal macrista lamentó que no se esté utilizando “una herramienta útil en la investigación de los delitos en Rosario y, al mismo tiempo, para dar certeza y seguridad en el destino de las tarjetas SIM comercializadas en la ciudad”.

Rosselló admitió que “el cumplimiento de la ordenanza por si misma no garantiza que no haya más secuestros virtuales en la ciudad o falsas amenazas de bomba a las escuelas de Rosario”.

“Pero al menos —continuó— es un elemento que puede actuar como disuasivo para que quien pretende comprar un chip para usarlo con un fin ilícito al menos lo piense, ya que habrá un seguimiento de quien lo adquirió y eventualmente podrán determinar desde la Justicia de dónde provino una llamada intimidatoria a una escuela o un particular, desde qué linea y a nombre de quién estaba”.

Más de 200 alumnos del Politécnico, Superior de Comercio, San José e Instituto Zona Oeste debatieron ayer el auditorio de Sadop con autoridades y especialistas por las reiteradas amenazas de bomba en las escuelas de la ciudad. La actividad se efectuó a partir de una iniciativa de la concejala María Eugenia Schmuck.

“En lo que va del año se han registrado más de 300 llamadas de falsas amenazas de bomba en entidades educativas, 33 de ellas en un sólo día. Hicimos un aporte para que todos los actores puedan debatir colectivamente la manera de impedir que esto se repita”, destacó Schmuck.”Nos entusiasma aún más —siguió—la masiva participación de los jóvenes, no sólo por su compromiso, sino porque instancias como éstas permiten que ellos mismos se constituyan en multiplicadores de voces para evitar la reiteración de esta situación. Es importante que cuando problematizamos estas cuestiones lo hagamos con los jóvenes, que asuman responsabilidades y que trabajemos juntos para transformar conductas”.

La edila dijo que del encuentro se llevaron “muchas herramientas para seguir trabajando y la vocación de convocar nuevas jornadas con jóvenes de otras escuelas e institutos de la ciudad. Además de las sanciones e investigaciones, es importante conversar con los jóvenes sobre las consecuencias”.

Comentarios de Facebook

Consultar tambien

Peña dijo que la de ayer fue “una marcha kirchnerista”

El jefe de Gabinete Marcos Peña calificó de “marcha kirchnerista” a la multitudinaria movilización de ...