El 2×1 a represores llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Un abogado constitucionalista recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para denunciar al Estado argentino por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que aplicó el beneficio conocido como 2×1 para un represor condenado por delitos de lesa humanidad. En tanto, el presidente provisional del Senado nacional, Federico Pinedo, confirmó que presentará esta semana un proyecto para acotar el criterio de aplicación del sistema de conmutación de penas a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la ley.

La presentación del constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclama que la Cidh dicte “una medida cautelar mediante la cual se ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar la ley Nº 24.390 para el cómputo de la detención y de la pena que deben cumplir los condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad”.

El letrado, que afirmó que la denuncia “ya fue presentada y recibida”, solicitó también a la Cidh que, “de forma urgente, convoque al Estado argentino a una audiencia conciliatoria a efectos de arribar a una solución amistosa”.

“Ahora hay que esperar a que la comisión acepte el planteo y resuelva la cautelar. El trámite es largo y tarda bastante tiempo”, reseñó Gil Domínguez.

El constitucionalista dijo, además, que el planteo ante la Cidh “ayudará a los fiscales y jueces que no estén de acuerdo con el 2×1, porque la posibilidad cierta de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino les brinda un importante argumento”.

En su presentación, Gil Domínguez promovió “la denuncia contra el Estado argentino respecto del acato consistente en la sentencia dictada por la Corte Suprema” en la causa contra Luis Muiña el miércoles pasado, por entender “que viola los artículos 1.1, 2 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos I.d y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.

Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 a la pena de trece años de prisión por la comisión de delitos considerados de lesa humanidad.

El tribunal le aplicó el beneficio del 2×1, Casación lo revocó y la semana pasada la Corte —en un fallo dividido— decidió que correspondía ese cómputo, aunque técnicamente Muiña ya estaba excarcelado desde 2016 por haber cumplido las dos terceras partes de su condena.

El llamado 2×1 remite a una ley ya derogada que permitía “computar dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar efectivamente cumplido” luego de dos años de encierro sin sentencia.

Con diferentes argumentos, la Corte estableció que la ley 24.390 “fue dictada con el objeto de darle operatividad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se aplica por igual a los delitos ordinarios y a los de lesa humanidad, incluso cuando se trate de aquellos que, como la desaparición forzada de personas, tienen un efecto o carácter permanente”.

Por mayoría, el alto tribunal también sostuvo que, “en caso de duda sobre la aplicación del principio que sostiene la aplicación retroactiva de la norma penal más benigna, se debe resolver a favor del imputado”, máxime cuando el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación del 2×1 a los acusados de lesa humanidad.

En el escrito, Gil Domínguez afirmó ante la Cidh que, “si bien lo resuelto por la mayoría de la Corte se aplica al caso concreto, el nuevo estándar establecido tiene un efecto de irradiación o expansión que abarcaría a 278 personas condenadas oportunamente por la comisión de delitos de lesa humanidad”.

Según señalaron fuentes judiciales, el abogado no mencionó a víctimas concretas del fallo de la Corte.

Y, aunque admitió que la Constitución no establece la imposibilidad de dictar indultos o amnistías a delitos de lesa humanidad, la presentación indica que dichos institutos son “imposibles” de aplicar en esos casos por los pactos internacionales de derechos humanos que se sumaron a la reforma de la Carta Magna (1994).

En tanto, Pinedo adelantó la presentación de un proyecto para acotar el criterio de aplicación del 2×1 a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la ley, norma a la que calificó como “nefasta” porque “beneficiaba a los criminales más graves”.

La iniciativa es una respuesta al fallo de la Corte y, al respecto, el senador cuestionó el criterio de aplicación del tribunal. Aunque consideró que “no es una grosería en términos técnicos”.

“Hay que respetar las decisiones de los jueces, sobre todo el poder político. Este es un caso difícil”, añadió.

Paralelamente, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Juan Cabandié señaló que el fallo de la Corte que avaló el beneficio del 2×1 para delitos de lesa humanidad es un “indulto encubierto” para los represores de la última dictadura militar.

Para el legislador camporista, detrás del fallo con los votos positivos de los magistrados Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco se encuentra la mano del gobierno nacional.

disparador. La resolución de la Corte Suprema generó el impacto político más fuerte de los últimos días.

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